El impacto de la pandemia sobre el mercado laboral está siendo monumental. Muchas personas que no pueden desarrollar el tan nombrado teletrabajo están viendo amenazados sus empleos, si es que los conservan todavía. Esta crisis también golpea de pleno a las empresas que dan trabajo a personas con discapacidades intelectuales y distintas necesidades de apoyo. En Cataluña, sin ir más lejos, casi dos tercios de los Centros Especiales de Trabajo (CET) han visto cómo su actividad cae por debajo del 25% sin poder hacer nada para evitarlo. Aunque la mayoría de estos centros repartidos por España, ha tomado medidas para evitar tener que presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), las entidades avisan que sin apoyo de las administraciones no conseguirán ser viables, con el riesgo de dejar sin empleo a 9.500 trabajadores. En esta línea, las asociaciones Ammfeina y Dincat lanzaron un grito de alerta ante la posibilidad de que se recorten las subvenciones con las que afrontan el pago de las nóminas. Es una petición general que se garanticen las ayudas y que se abonen los importes impagados de haberlos
Esta es una situación de la que el Centro Especial de Empleo Alcalá de Henares (Madrid), no ha podido escapar. Recientemente se ha dictaminado y aprobado un concurso de acreedores con liquidación y el cierre del Centro Especial de Empleo con un ERE para sus 35 trabajadores, 27 de los cuales presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. Estamos pues, frente al primer despido colectivo de personas con discapacidad durante el estado de alarma español. Según fuentes del periódico El Mundo, el final de esta historia de integración depende de a quién le preguntes. Para la plantilla en situación de vulnerabilidad es la demostración de una «falta de ética pública» y para el Ayuntamiento ha sido «la única salida que quedaba tras años de intentos para reflotar y salvar el centro».
Probosco recuerda que la precariedad de una situación a escala nacional, e incluso mundial, no puede incidir directamente en los objetivos de inclusión tan duramente alcanzados por la sociedad solo por su vulnerabilidad latente. Los derechos humanos y del trabajador deben preservarse siempre y la mejor muestra de apoyo por parte de las administraciones que se preocupan por este colectivo es la de trabajar con el mismo ahínco tanto en una situación estable como en una que no goce de esa cualidad.
Carolina Méndez. Periodista. EQUIPO PROBOSCO