Se vulneran derechos todos los días, a todas horas. Sin embargo, tenemos que ajustar la mira un poco más para darnos cuenta de la magnitud de violaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Tener la necesidad de mayores o menores niveles de apoyo en su día a día parece condenarlos directamente a una vida autómata, como si se trataran de muñecos programados para imitar ciertas operaciones humanas y el resto del tiempo estar en stand by.
Con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diciembre de 2006, la Unión Europea empieza a proteger y fomentar sobre el papel la inclusión activa y la participación completa de las personas con discapacidad en la sociedad. Recalcamos “sobre el papel”, porque la efectividad que ha tenido durante estos 13 años se traduce en una realidad diferente.
Podría pararme a enumerar todos los derechos que poseen pero son, básicamente, los mismos que los de cualquier hijo de vecino. ¿A que nos encanta poder ponernos el pijama sin nadie mirando? ¿O ir al super de la esquina porque nos ha dado un antojo? Bien, imaginemos que estamos en el sofá de casa después de un duro día de trabajo. De repente, nos apetece coger una natilla de la nevera, porque sí, porque nos encontramos golosos. Así que, introducimos los pies en nuestras suaves y mulliditas zapatillas de estar por casa y vamos a la cocina a por él. Nadie nos riñe, nadie nos intercepta y nadie nos dice que nos estemos quietos en el sofá. Esto que suena tan cotidiano que casi roza lo banal, es para otros todo un lujo. El lujo de elegir y vivir en un hogar, y no en una residencia.
El artículo 19 de la mencionada Convención, de la que es firmante España, expone que “los Estados Partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho”. A pesar de ello, aún hoy se mantiene un modelo residencial institucionalizado que está obsoleto y contraviene totalmente dicho artículo. De hecho, la situación real es tal que el pasado noviembre de 2019, en respuesta a un cuestionario del relator de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció que las personas con discapacidad sufren “quiebras sustanciales en el goce y disfrute del derecho humano a la vivienda digna”, a pesar de que esta realidad esté contemplada específicamente en tratados internacionales y en la propia Constitución. Además, instó al Estado español a impulsar un plan de desinstitucionalización que afecte de forma transversal a las políticas de vivienda digna y de atención a la dependencia.
● Una alternativa es posible
Pero no todo es de color negro, ni los cambios están estancados. Sí que han habido mejoras, y las seguirá habiendo mientras haya gente que luche por ellas. Con una desinstitucionalización -y una transición adecuada- los modelos residenciales más asemejados a una casa corriente son una realidad totalmente viable. Se dice adiós a efectos negativos como la pérdida de contacto con la realidad, la falta de responsabilidades y de la toma de control sobre todos los aspectos relacionados la vida cotidiana y a un alto grado de desconexión en la interpretación de lo que ocurre alrededor. Todo para dar paso a un mejor desarrollo personal, el empoderamiento, la autodeterminación, la inclusión y la adopción de roles socialmente reconocidos.